AJA advierte que proyecto de ley 24.786 impactaría calidad educativa y provocaría la erosión de la calidad de vida de los adultos mayores

Ante la permanenciadel Proyecto de Ley N.° 24.786 en el orden del día de la Comisión de AsuntosSociales de la Asamblea Legislativa, la Asociación Jubilados en Acción delMagisterio Nacional (AJA) enfatiza que la propuesta trasciende el debate delgasto presupuestario y, de aprobarse, detonaría un retroceso directo en laestabilidad social de los jubilados, así como en la calidad del sistema deenseñanza costarricense.

La iniciativa plantea fijar el techo máximo delas jubilaciones del Magisterio Nacional bajo el mismo umbral del Régimen deInvalidez, Vejez y Muerte (IVM). Para AJA, esta medida pasa por alto que elpersonal docente ha sostenido aportes mensuales considerablemente más altosdurante su trayectoria laboral y mantiene deducciones obligatorias tras suretiro, a diferencia de los cotizantes del régimen de la Caja Costarricense deSeguro Social.

El impacto delproyecto se extiende a los dos pilares del sistema: por un lado, vulnera losderechos adquiridos de los jubilados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR),quienes aportaron cotizaciones superiores durante décadas; y por otro,compromete la sostenibilidad y liquidez del Régimen de CapitalizaciónColectiva, el fondo financiado por los docentes activos, generandoincertidumbre tanto en las aulas como en los hogares del magisterio.

En el ámbito educativo, recortar lasexpectativas de jubilación genera una marcada desmotivación en los docentes quehoy laboran en las aulas. Esta pérdida de incentivos promueve la salidaanticipada del personal con mayor experiencia, desincentiva la atracción denuevos talentos al sector público y termina perjudicando la formación quereciben miles de estudiantes en escuelas, colegios y universidades de todo elpaís, mermando la calidad de la educación.

A nivel de los hogares actualmente pensionados,cercenar el ingreso de las pensiones mella la cobertura de gastos familiaresesenciales como atención médica, medicamentos, transporte y servicios de cuidoque requieren las personas adultas mayores. Asimismo, la abrupta baja en lacapacidad económica, dado que afecta 40.000 familias puede contraer la dinámicacomercial, sumando una presión negativa a la economía.

“Imponer un límite uniforme a regímenes concargas financieras distintas es desproporcionado. Los trabajadores delMagisterio realizamos sacrificios salariales más altos durante décadas paraasegurar nuestro retiro, por lo que castigar esos ingresos no solo altera laeconomía familiar en la vejez, sino que también resta atractivo al trabajodocente en un momento crítico para el país”, indicó Miguel Sobrado, presidentede AJA.

Sobrado remarcó que debilitar las garantías delretiro profesional repercutirá en la cohesión social y en la confianza que laciudadanía deposita en los sistemas de pensiones.

“Detrás de cada jubilación del Magisterio hayuna vida dedicada al desarrollo educativo del país. Alterar intempestivamentelas reglas del retiro rompe la seguridad jurídica de nuestro sistema y envía unmensaje desalentador a quienes hoy están formando a las futuras generaciones,comprometiendo la vocación de la enseñanza y el recambio generacional en lasaulas”, concluyó Sobrado.

La Asociación Jubilados en Acción reitera laurgencia de sostener discusiones legislativas basadas en la objetividad técnicay la justicia social, resguardando el bienestar de la población adulta mayor yla calidad de la educación pública costarricense.

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